Información Política

Reportaje crítico sobre el decálogo de Calderón

Posted in Uncategorized by Asesor Político on septiembre 22, 2009

Letra muerta


Reportaje. Decálogo de Calderón

Martha Martínez y Ernesto Núñez

(20 septiembre 2009).- En sólo dos semanas, el llamado presidencial para pasar del cambio posible al cambio de fondo se diluyó. La propuesta de paquete económico para el 2010 no corresponde a los objetivos expuestos el 2 de septiembre.

 
 
1. POBREZA: Frenarla y mitigar impacto de la crisis
 
La propuesta de combate a la pobreza presentada por el presidente Felipe Calderón es novedosa, pero inoportuna, carece de capacidad para compensar los efectos negativos que provocará a las familias más pobres la creación de un nuevo impuesto y su efectividad es cuestionable, asegura el ex subsecretario de Hacienda Francisco Suárez Dávila.

Economista y ex diputado federal, Suárez Dávila señala que el nuevo impuesto -denominado Contribución para el Combate a la Pobreza- no podría crear por sí mismo una base de recursos que sirva para compensar integralmente los efectos negativos provocados por el cobro generalizado del 2 por ciento al consumo en la economía de las familias de escasos recursos.

De acuerdo con el Paquete Económico entregado por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, dicho impuesto generaría ingresos por alrededor de 71 mil 755 millones de pesos; no obstante, las necesidades en materia de pobreza son superiores a esa cantidad.

Un ejemplo de que dicha base tributaria sería insuficiente es el programa Oportunidades: el presupuesto de más de 50 mil millones de pesos proyectado para el próximo año equivale al 69 por ciento de lo que se pretende recaudar.

En contraste, advierte Suárez Dávila, el establecimiento del impuesto en un momento de recesión como el actual tendría un efecto inflacionario, pues al aumentar el precio de los productos y reducir el consumo, el costo de los bienes se dispararía afectando no sólo a las familias de menores ingresos, sino a la clase media, quienes absorberían otros incrementos en rubros como telecomunicaciones.

La propuesta del Presidente, añade, tampoco plantea modificaciones en el esquema de apoyos entregados por el gobierno federal a través de programas de combate a la pobreza, lo cual pone en duda la conveniencia de incrementar los recursos de este rubro bajo el esquema actual.

Los subsidios y las transferencias son los mecanismos a través de los cuales se canalizan apoyos a las familias de escasos recursos; sin embargo, se ha advertido sobre el hecho de que este esquema no garantiza que los recursos lleguen a los destinatarios finales.

De acuerdo con el Coneval, en lo que va del presente sexenio, el número de pobres aumentó en 6 millones, esto a pesar de que el gasto social es el que presenta los mayores incrementos presupuestales.

La propuesta del presidente Calderón contempla un incremento de 20 mil millones de pesos al programa Oportunidades, los cuales se derivarán del cobro del nuevo impuesto. Aunque no ha detallado el esquema, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, señaló que por cada peso que paguen las personas en situación de pobreza con el nuevo gravamen, se les retribuirán 10 pesos a través de programas sociales.

Además del nuevo impuesto, el paquete económico de Calderón para el 2010 contempla reducir los recursos destinados a la atención de grupos vulnerables, los programas de acceso a alimentos y el desarrollo de infraestructura social y vivienda.

De ser aprobado, el presupuesto destinado a proyectos de urbanización, vivienda y desarrollo se reduciría de 16 mil millones de pesos en 2009 a 13 mil 970 millones en 2010.

El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias pasaría de 8 mil 161 millones de pesos a 6 mil 191 millones. De acuerdo con la Sedesol, este programa atiende los rezagos vinculados a la infraestructura básica y la carencia de servicios, factores que determinan el nivel de marginación de las personas.

Otros programas a los que el gobierno propone reducir el gasto son el de Abasto Social de Leche Liconsa (de mil 560 millones de pesos a mil 120 millones); Abasto Rural a Cargo de Diconsa (de mil 954 millones de pesos a mil 806 millones), y el Programa de Adquisición de Leche Nacional (de mil 250 millones de pesos a mil 202 millones).

 
 
“Propondré al Congreso de la Unión, aún en medio de la adversidad económica, un programa que no sólo no reduzca el gasto orientado a combatir la pobreza, sino que lo fortalezca”.

 
 
 
2. SALUD: Cobertura universal
 
Alcanzar la cobertura universal de salud fue una promesa de Vicente Fox hecha en la presentación del Seguro Popular de Salud, en 2003; Felipe Calderón volvió a prometerlo durante su toma de posesión en 2006, lo incorporó a las metas del Bicentenario y ahora lo retoma como un objetivo alcanzable al final de su sexenio.

Entre 2008 y 2009, el presupuesto destinado a la Secretaría de Salud se incrementó de más de 69 mil 426 millones a más de 85 mil millones; para 2010 se tiene proyectado un presupuesto superior a los 89 mil 363 millones.

El IMSS, que de acuerdo con sus propias estadísticas atiende al 40 por ciento de la población, ha aumentado sus recursos de 272 mil 88 millones en 2008 a 299 millones en 2009 y, según el proyecto del Ejecutivo federal, en 2010 podría llegar a 320 mil millones de pesos.

A pesar de estos incrementos constantes, cifras del Consejo Nacional de Población de 2007 indican que más del 40 por ciento de los mexicanos carece de servicios médicos por parte de alguna institución de seguridad social.

Conapo señala que la cifra es menor a la reportada en el año 2000, cuando el 47 por ciento de la población carecía de acceso. Cifras de la Secretaría de Salud indican que el Seguro Popular se ha convertido en un programa fundamental para incrementar el número de familias afiliadas; al cierre de 2008 el programa cubría a 9.1 millones -27.2 millones de personas-; al término de 2009, se estima que el número aumentará a 11 millones.

Pese a ello, el número de mexicanos sin servicios públicos de salud sigue siendo alto: en siete años se logró incrementar en sólo 7 por ciento la cobertura.

Si bien, el aumento en el número de afiliados es una meta, el gobierno federal no plantea incrementos importantes en los programas encaminados a capacitar al personal y en materia de prevención, los cuales ayudarían a reducir la presión en la demanda de servicios.

Los recursos otorgados a los hospitales para la capacitación de recursos humanos presenta una reducción de 327 millones de pesos, al pasar de 2 mil 190 millones en 2009 a mil 863 millones en la propuesta para 2010.

El Ejecutivo federal plantea también reducciones en rubros considerados como los nuevos retos del sector salud.

A pesar de que el cambio demográfico ha provocado que las enfermedades crónico degenerativas presionen de manera creciente la demanda de servicios, en materia de prevención y control de este tipo de padecimientos el Ejecutivo plantea una reducción de más de 365 millones de pesos.Lo mismo sucede en el rubro Protección contra Riesgos Sanitarios -76 millones de pesos menos en comparación con 2009- y Vigilancia Epidemiológica -menos 189 millones-.

La reducción se propone a unos meses de que México enfrentara una emergencia sanitaria por el brote de una nueva cepa del virus de la influenza.

 
 
“Como un legado del Bicentenario, México puede y debe alcanzar en esta Administración la cobertura universal de salud”.

 
 
 
3. EDUCACIÓN DE CALIDAD: Frenar inercias e intereses
 
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 no corresponde al propósito de convertir la educación en “una puerta grande para superar la pobreza”.

La propuesta del gobierno federal plantea una reducción de 14 mil 175 millones de pesos en este sector; los casos más importantes se concentran en los programas de atención y cobertura a niños y jóvenes de zonas rurales, superación del rezago educativo y capacitación magisterial.

Aunque el tercer punto de su decálogo es lograr que la educación se convierta en la fórmula para abatir la pobreza, el Ejecutivo federal propone una reducción superior a los 303 mil 829 millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional de Educación para los Adultos.

Los recursos destinados a implementar Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica registra una disminución de más de 878 millones de pesos, al igual que el Programa de Fortalecimiento de Educación Telesecundaria -19 mil 531 millones de pesos menos- que en muchas regiones del país representa la única forma de acceso a servicios educativos.

El rubro capacitación magisterial también presenta reducciones. El Programa de Mejoramiento del Profesor presenta una disminución de más de 200 millones de pesos, lo mismo que el Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superior Profesional de Maestros de Educación Básica de Servicio, cuyo presupuesto registra una reducción superior a los 193 millones de pesos.

Además de las reducciones, la propuesta del Ejecutivo no establece cambios en la manera de ejecutar el gasto, esto a pesar de que de acuerdo a la OCDE, México destina más del 80 por ciento de su presupuesto educativo a gasto corriente, por lo que la calidad de la cobertura y la infraestructura se ve mermada.

 
 
“Superar el marasmo de los intereses, las inercias, y construya a través de la educación de calidad, una puerta grande para salir de la pobreza; que sea la educación sinónimo de orgullo, de fortaleza y de oportunidad para construir un futuro de prosperidad, al que aspiramos”.

 
 
 
4. FINANZAS PÚBLICAS: Reforma profunda y austeridad
 
Lejos de ser una reforma profunda a las finanzas públicas, la propuesta presentada por el presidente Felipe Calderón es equivocada, ortodoxa y poco efectiva.

El economista Francisco Suárez Dávila advierte que el proyecto fiscal del Ejecutivo federal no sólo plantea una estrategia contraria a lo que el país necesita para superar la recesión por la que atraviesa, sino que retrasa la recuperación económica.

El ex funcionario de la Secretaría de Hacienda explica que la propuesta reduce la reforma fiscal al incremento de la base gravable, lo cual afecta las fuentes de recuperación económica, la creación de empleo, el valor adquisitivo de los trabajadores y el consumo.

Aunque el incremento de impuestos es necesario, pues de acuerdo con cifras oficiales actualmente se grava sólo el 40 por ciento del consumo, aumentar el gravamen justo en el momento en el que se registra la peor recesión económica del país resulta contraproducente.

“Es un severo problema de mezclas. El paquete está mal, prácticamente es un paquete recaudatorio para cubrir el boquete fiscal del próximo año, pero ahora todavía deberíamos estar pensando en estimular y fomentar la economía y no nos debería de preocupar tanto, como le está preocupando al gobierno, el equilibrio fiscal”, opina Suárez Dávila.

La “mezcla” del Ejecutivo, agrega, podría sustituirse con un déficit fiscal -deuda- razonable que permita la inversión en proyectos de estímulo a la economía, una reducción seria y eficiente en el “gasto de dispendio” y la reducción fiscal como tercer y último componente.

“Primero recuperación y luego recaudación. No es que no haya recaudación, pero es cuestión de énfasis y prioridades”, reitera.

Para el economista, el incremento de la base gravable no es suficiente para incrementar la recaudación fiscal, pues también se requieren mecanismos que mejoren la eficiencia recaudatoria.

De acuerdo con la OCDE, México es el país con la recaudación más baja; el organismo señala que los ingresos adiciones que requiere el sector público en México son de alrededor del 3 por ciento del Producto Interno Bruto, es decir, el país tendría que recaudar 20 por ciento más de lo que actualmente alcanza.

Según la Auditoria Superior de la Federación, los juicios fiscales, las devoluciones de impuestos y los créditos fiscales son los factores que afectan la eficiencia recaudatoria del país.

El órgano fiscalizador indica que entre 2000 y 2005 las devoluciones de impuestos ascendieron a cerca de 680 mil millones de pesos, los cuales se encuentran altamente concentrados. De 4 mil 132 contribuyentes que recibieron devoluciones por 106 mil millones de pesos, sólo 368 concentraron el 77 por ciento de los recursos, de ellos, 50 pagaron 74 pesos de ISR en promedio.

Hasta el momento, el presidente Calderón no ha informado cuáles serán los mecanismos que pondrá en marcha para reducir la evasión fiscal y los efectos de los regímenes especiales.

 
 
Austeridad, a medias
 
El 8 de septiembre, el Presidente propuso fusionar las secretarías de Turismo, Reforma Agraria y Función Pública con otras dependencias, lo que generaría un ahorro de 6 mil 500 millones de pesos y dejaría a 10 mil burócratas sin empleo. Aunque hasta el cierre de esta edición no había enviado al Congreso la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La austeridad anunciada por Calderón también contempla ahorros en nómina y la eliminación de nuevas contrataciones, asesorías, viáticos, subcontrataciones, así como menor gasto en tecnologías de la información. En conjunto, el ahorro para el erario sería de 73 mil millones de pesos.

Al respecto, Suárez Dávila opina que las medidas pueden resultar poco efectivas, pues es necesario analizar primero qué secretarías, unidades, direcciones generales y puestos es necesario y conveniente desaparecer.

Según el especialista, la propuesta de Calderón es poco clara respecto a los “cómo” y genera la impresión de que se planteó sin un estudio serio.

Un análisis de la evolución del gasto en nómina durante el gobierno de Calderón deja ver que la austeridad, que de hecho anunció desde su segundo día de gobierno, no ha funcionado. Las plazas autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como de los recursos etiquetados para el pago de salarios burocráticos muestran incrementos importantes.

En lo que va de la presente administración se han emitido al menos tres decretos de medidas de austeridad; a pesar de ello, el número de plazas se incrementó, de 620 mil 835 en el 2007, a 643 mil 550 en 2009, y para el 2010 la cifra propuesta por el Ejecutivo es de 660 mil 826.

Aunque en marzo pasado el Congreso aprobó la Ley de Salarios Máximos, el gobierno federal también propone incrementar los recursos destinados al pago de nómina.

De 193 mil 974 millones de pesos etiquetados para el rubro “servicios personales” en 2009, el proyecto de presupuesto plantea que los recursos se incrementen a 223 mil 692 millones de pesos en 2010.

 
 
“Una vez que el gobierno federal haya puesto la muestra y mostrado en los hechos que está dispuesto a hacer mucho más con menos, podrá, en justicia, pedir a la sociedad su parte para esta tarea común”.

 
 
“Un Estado moderno requiere un sistema recaudatorio que garantice finanzas públicas sólidas, para cumplir sus responsabilidades y poder transformar su realidad”.

 
 
 
5. ENERGÍA: Modernización de CFE y CLF y segunda reforma a Pemex
 
El Presidente advirtió que las empresas del sector (Comisión Federal de Electricidad, Compañía de Luz y Fuerza y Petróleos Mexicanos) registran resultados “cada vez más preocupantes”, lo que hace “urgente” una racionalización de su administración y de su operación. Sin embargo, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación no sugirió medidas nuevas orientadas hacia ese objetivo.

Tampoco es previsible, según fuentes gubernamentales y del PAN, que vaya a surgir en el futuro inmediato una nueva iniciativa de reforma a Pemex. Desde la oposición, PRI y PRD han criticado que el gobierno de Calderón no haya implementado al 100 por ciento la reforma aprobada en octubre del año pasado por lo que no discutirán una nueva reforma.

Lo que sí hizo Calderón fue sustituir a Jesús Reyes Heroles de la dirección de Pemex, por Juan José Suárez Coppel, ex director de Finanzas de la paraestatal en el gobierno de Vicente Fox.

De inmediato Suárez Coppel generó el rechazo del PRI y el PRD, quienes lo acusan de haber provocado un quebranto financiero a la empresa durante su gestión, y de servir a grupos empresariales.

“Es natural de los seres humanos equivocarse, pero es de sabios corregir. Ojalá que, por el bien del país, el Presidente actúe sabiamente y corrija”, declaró el presidente de la Comisión de Energía, Francisco Labastida, el pasado 10 de septiembre.

Pemex, que está en plena aplicación de su reforma y tiene programado iniciar en el 2010 la consrtrucción de una nueva refinería, en Hidalgo, manejará un presupuesto de 601 mil millones de pesos, según la propuesta de presupuesto; esto implica una disminución de más de 80 mil millones de pesos respecto al año anterior.

En dicha propuesta, el gobierno también sugiere una reducción considerable en el caso de la CFE, que pasará de 624 mil millones de pesos a 412 mil millones.

En la estrategia programática de la CFE se declara el objetivo general de “consolidarse como empresa pública de calidad mundial, operando sobre la base de indicadores internacionales de productividad, competitividad, tecnología y promoviendo la alta calificación y desarrollo profesional de sus trabajadores”.

Las metas en cifras son: lograr un índice de cobranza del 97.6 por ciento y promover el cumplimiento del Programa Institucional de Capacitación (8.5 días de capacitación al año por trabajador). Esto es exactamente lo mismo que se incluyó en el presupuesto del 2009.

En cuanto a Luz y Fuerza, el presupuesto subirá de 107 mil millones de pesos a 116 mil millones. El único objetivo dirigido en el sentido marcado por el discurso presidencial es todavía más escueto que el de la CFE: “en la ejecución del presupuesto 2010 Luz y Fuerza del Centro prevé la realización de diversas acciones en su gasto de operación, a efecto de lograr ahorros y economías que le permitan cumplir con los lineamientos de austeridad, racionalidad, disciplina y control del ejercicio del presupuestario”.

En el sector energético, es notable el incremento de las partidas destinadas a servios personales y al pago de pensiones y jubilaciones.

 
 
“Habremos de emprender una transformación de raíz de las empresas públicas, con la finalidad de eliminar privilegios, terminar con la opacidad y la corrupción, y orientar su desempeño al servicio público, a través de una profunda reestructuración y modernización”.

 
 
 
¿Eficiencia y ahorro?

 
Comparativo de presupuestos en empresas del sector energético.
(Cifras en millones de pesos).

 
CFE
 

  

2009

2010*

Presupuesto

624,571

412,986

Gasto corriente

427,339

347,799

Servicios personales

32,046

34,754

Pensiones y jubilaciones

43,233

40,491

Gasto de capital

28,679

26,982


 
 
 
CLF
 

  

2009

2010*

Presupuesto

107,890

116,810

Gasto corriente

97,049

106,874

Servicios personales

12,866

25,321

Pensiones y jubilaciones

19,938

24,461

Gasto de capital

7,629

3,203


 
 
 
Pemex
 

  

2009

2010*

Presupuesto

688,681

601,056

Gasto corriente

359,395

305,378

Servicios personales

65,101

67,618

Pensiones y jubilaciones

24,041

26,181

Gasto de capital

229,474

287,677


 
* Propuesta de PEF 2010
 
 
 
6. TELECOMUNICACIONES: Convergencia, cobertura y competencia
 
Seis días después de expresar este propósito, el Presidente propuso al Congreso gravar las telecomunicaciones con un Impuesto Especial sobre Productos y Servicios del 4 por ciento.

Los partidos de oposición, especialistas e industriales del sector calificaron el impuesto como regresivo e incongruente con el objetivo anunciado por Calderón, quien desde que era presidente electo había prometido avanzar hacia las “tres ces” en telecomunicaciones: convergencia, competencia y cobertura.

La Asociación Nacional de Telecomunicaciones; la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, y la Asociación Nacional de Concesionarios de Trunking publicaron el 15 de septiembre un desplegado en el que llaman a la Cámara de Diputados a no aprobarlo.

Según los firmantes, la medida encarece la competitividad, retrasa la modernización tecnológica, amplía la brecha digital y clasifica como un lujo el uso de la telefonía e internet.

Purificación Carpinteyro, ex subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, añade que los propósitos expresados por Calderón en su discurso del 2 de septiembre implican medidas que pudo haber tomado con anterioridad -desde que ofreció impulsar las “tres ces”-, o que podría anunciar en un futuro inmediato, sin necesidad de proponérselo al Congreso.

Algunas de esas medidas son: licitar frecuencias para servicios digitales, otorgar concesiones para nuevas cadenas nacionales de televisión digital, licitar la construcción de una tercera red de alta capacidad para internet, adicional a la de Telmex y la de la CFE.

Además, el gobierno podría acordar con los concesionarios las reglas del juego para una efectiva competencia, y evitar que a cada medida administrativa corresponda una acción ante tribunales.

“Esto se pudo haber hecho desde principios del sexenio, ahora sería el tiempo de hacerlo. El Ejecutivo tiene las facultades para incluso torcerles el brazo a aquellos que no estén de acuerdo.

“En realidad lo que hace falta es voluntad política y ganas de cambiar, porque estamos hablando de trastocar los intereses de los poderes fácticos más grandes, estamos hablando de Telmex, Televisa, TV Azteca, verdaderos monstruos que con lógica van a reaccionar contra eso”, comenta.

La especialista asegura que Calderón y el PAN tienen un poderoso incentivo para avanzar en este objetivo: no perder la Presidencia en el 2012.

“Si no ocurre ahora, no va a ocurrir nunca, porque el resultado de las elecciones deja ver que el partido en el poder tendrá muy difícil ganar, a menos de que la gente vea que efectivamente va por el verdadero cambio. Si los puntos del decálogo se cumplieran, el electorado podría verlos puntos como realidades, y recompensarlo. Cuando ya no hay nada que perder, hay mucho que ganar”, agrega. ·
 
 
“Que sea México un país que pueda acceder para el mayor número de sus habitantes a la telefonía, a internet, al radio, la televisión, a todos los servicios de telecomunicaciones, que son detonantes de desarrollo. Que lo haga en un ambiente de verdadera competencia, que brinde a empresas y hogares servicios de calidad y a precios accesibles”.

 
 
7. SINDICATOS: Reforma laboral
 
Desde el inicio del gobierno, desde la Secretaría del Trabajo -que encabeza Javier Lozano- se ha hablado de la construcción de una reforma laboral que cumpla los objetivos reiterados por el Presidente el pasado 2 de septiembre, sin que hasta el momento se haya planteado una iniciativa al Congreso.

El decálogo presidencial tampoco ha propiciado que surja dicha iniciativa.

En tres apariciones públicas -la firma de un acuerdo de productividad laboral con el gobierno de Morelos, la inauguración del 44o. Congreso Internacional de Recursos Humanos, Productividad con Rostro Humano, y la inauguración del Centro de Capacitación y Entrenamiento Colgate-Palmolive-, el secretario del Trabajo habló de productividad, seguridad en centros laborales e innovación laboral, pero no anunció la esperada reforma.

En contraste, Lozano se ha dado tiempo para aumentar su activismo en las filas del Partido Acción Nacional, al que se afilió a principios del sexenio. El pasado 7 de septiembre fue incorporado como miembro de la Comisión Política del Comité Ejecutivo Nacional panista.

 
 
“Una reforma que incremente la productividad y que lo haga con pleno respeto a la autonomía sindical, al derecho de huelga y a la contratación colectiva, que fortalezca la rendición de cuentas y los derechos de los trabajadores, en especial el más importante, que es el derecho a obtener un trabajo”.

 
 
 
8. REGULACIÓN: Fin a la tramitología
 
A contracorriente de este propósito, el Presidente mantiene descabezada desde mayo la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, dependiente de la Secretaría de Economía; sugirió al Congreso un recorte en el presupueesto de la Cofemer de casi 30 millones de pesos y propuso eliminar la Secretaría de la Función Pública, a la que el año pasado le había encargado un vistoso programa para detectar y eliminar el trámite más inútil.

El 9 de sepiembre del 2008, un año antes de su discurso del “cambio de fondo”, el Presidente ya había girado instrucciones para propiciar la desrregulación al secretario de la Función Pública, Salvador Vega, y al entonces titular de la Cofemer, Carlos García Fernández.

“Una regulación de base cero, sé que no es un proceso sencillo para construir, pero pido a la secretaría, ordeno a la Función Pública, que se pongan a trabajar en este asunto”, dijo en la presentación del “Programa Especial de Mejora de la Gestión 2008-2012”.

Y continuó: “he girado instrucciones a la Comisión de Mejora Regulatoria… la instrucción es clara: todo trámite burocrático innecesario tiene que ser eliminado”.

Siete meses después renunció el titular de la Cofemer, quien estaba en el cargo desde el 1o. de junio del 2004, para asumir la presidencia de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones.

Además del posible conflicto de intereses al presidir una asociación con asuntos pendientes con la Cofemer derivados de la normatividad aplicada a la industria del transporte, García Fernández es visto con recelo por los panistas debido a la cercanía de la ANPACT con el PRI. Hasta marzo, la asociación fue presidida por Juan José Guerra Abud, personaje cercano al priismo del estado de México y a Enrique Peña Nieto que hoy coordina la bancada del PVEM en la Cámara de Diputados.

Descabezada, la Cofemer es dirigida por Alfonso Carballo, también panista, como encargado del despacho.

Aunque el objetivo de lograr una regulación de base cero se giró desde hace un año, la Cofemer no reportó en el Tercer Informe de Gobierno la eliminación de ningún trámite. En cambio, informó que había recibido de enero a junio de este año 618 anteproyectos de nuevas disposiciones legales y administrativas para su análisis; de las cuales consideró que 472 no presentan nuevas obligaciones o costos para los particulares y 146 sí los generan.

El propósito de lograr una reforma regulatoria de fondo tampoco corresponde con la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2010: mientras en el 2009 se le otorgó a la Cofemer un presupuesto de 95.8 millones de pesos, para el próximo año se sugiere otorgarle 69.9 millones.

 
 
“En el próximo año debemos lograr el objetivo de contar con una regulación base cero para el Gobierno Federal, un proceso que nos permita derogar todos aquellos acuerdos, oficios, decretos o reglamentos cuya necesidad no quede clara y plenamente justificada”.

 
 
 
9. SEGURIDAD: Ampliación de la lucha anticrimen
 
La convocatoria hecha por el Presidente para debatir sobre el modelo de organización policial que requiere el país para hacer frente a la criminalidad y fortalecer los cuerpos policiacos a nivel local no fue seguida de acciones por parte del gobierno.

Siete días después del discurso presidencial, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acaparó todos los medios de comunicación, pero no para alentar el debate sobre el modelo de policía que requiere el país, sino para exaltar la captura del predicador boliviano José Mar Flores, quien pretendió secuestrar un avión con tres latas de Jumex y un calcetín.

Antes, el Presidente anunció la renuncia del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, y propuso al Senado al ex procurador de Chihuahua, Arturo Chávez, como sustituto.

Su nombramiento levantó críticas entre organizaciones defensoras de los derechos humanos, pues a Chávez se le acusa de haber sido omiso en el caso de los feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez.

La propuesta de gasto en seguridad planteada por el Ejecutivo en el proyecto de Presupuesto de Egresos tampoco corresponde con el penúltimo punto del decálogo, pues sugiere importantes reducciones en programas orientados al fortalecimiento de las policías.

Un comparativo entre el presupuesto aprobado en 2009 y el proyecto de presupuesto 2010 muestra que los Centros de Control de Confianza, encargados entre otras cosas de la aplicación de exámenes para medir la confiabilidad de los elementos policiacos, contarían con menos recursos. En 2009 este proyecto contó con 326 millones de pesos y en 2010 tendría 287 millones.

El gasto en prevención también disminuye. En el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública se contemplan reducciones en los programas de Fomento de la Cultura de Participación Ciudadana en la Prevención del Delito y el Respeto a los Derechos Humanos -36 millones 178 mil pesos menos que el año pasado- y el de Administración del Proceso de Impartición de Justicia a Menores Infractores -16 millones 803 mil pesos menos-.

 
 
“Convoco a que discutamos qué modelo de organización policial requiere México para hacer frente y derrotar a una criminalidad sin escrúpulos y, sobre todo, a que el esfuerzo de depuración y fortalecimiento de los cuerpos policiacos continúe en todo el país”.

 
 
 
10. POLÍTICA: Reforma electoral e institucional a fondo
 
Al discurso político del 2 de septiembre siguieron otros discursos.

El 14 de septiembre, el Presidente reiteró el llamado a hacer a un lado cálculos políticos para romper la inercia de los cambios posibles e ir por los cambios de fondo.

El 16 de septiembre, durante la ceremonia por el CXCIX Aniversario de la Gesta de Independencia de México, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, insistió: “hoy es momento de ser congruentes con esa responsabilidad, de llegar a acuerdos que permitan tomar las acciones necesarias para consolidar una nación de prosperidad, de equidad y oportunidad para todos.

“El Presidente Calderón nos ha invitado a aprovechar este momento como uno de transición y transformación, de reforma, de reestructura, de renovación. Por nuestra historia, sabemos que las grandes transformaciones sólo pueden nacer de la suma de voluntades, del encuentro de contrarios, de la potenciación de las fuerzas”, declaró Gómez Mont.

Al día siguiente, en su comparecencia ante la Cámara de Diputados en el marco de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, el secretario de Gobernación insistió en su llamado a los partidos para dialogar sobre la agenda sugerida por el Presidente, sin establecer fecha o metodología.

En medio de severas críticas de la oposición a la conducción política del gobierno, la bancada del PAN llamó a la oposición a retomar los trabajos de la reforma del Estado. El diputado Javier Corral trató de formalizar el asunto, al preguntar al funcionario qué alcances tiene la convocatoria presidencial. Pero Gómez Mont evitó aterrizar el llamado que hasta el momento sólo ha sido retórico.

Legisladores consultados afirman que es facultad del Ejecutivo enviar al Congreso una iniciativa para una nueva reforma electoral, o proponer al Congreso los cambios de fondo que considere pertinentes para mejorar el funcionamiento de las instituciones. Pero de las palabras el Ejecutivo no ha pasado a los hechos.

 
 
“Propongo una nueva revisión a fondo de las reglas electorales, a fin de que el ciudadano vea en las elecciones un instrumento efectivo de participación democrática; que política sea sinónimo de ciudadanía. Tenemos que plantearnos si nuestro sistema político permite procesar conflictos y traducir en acciones públicas el mandato de los ciudadanos. Hay que pasar del sufragio efectivo, a la democracia efectiva”.

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